El Gobierno "moviliza" el 65% de las viviendas asequibles prometidas pero no sabe cuántas están entregadas

Vivienda señala que son las comunidades autónomas quienes "poseen la información en tiempo real" que, "motu proprio, no trasladan al Ministerio"

Vivienda estudia rebajar la bonificación fiscal a los caseros que suban el alquiler

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancó la semana con un anuncio. El fondo soberano España Crece movilizará 23.000 millones de euros para construir unas 15.000 viviendas en alquiler asequible al año. La medida se suma a otros compromisos que el Ejecutivo ha ido adquiriendo en los últimos años, el Perte de la industrialización, puesto en marcha hace casi un año, con el que se quiere impulsar la construcción de otras 15.000 casas modulares al año en la próxima década. O las 183.000 viviendas prometidas en el ciclo electoral de 2023. Anuncios que suman miles y miles de casas, mientras la vivienda continúa siendo una de las preocupaciones principales de la población.

Cuando Sánchez anunció, en abril de 2023, esas 183.000 viviendas, según los datos del departamento que entonces dirigía Raquel Sánchez, unas 66.000 ya estaban movilizadas. Desde entonces, se ha comenzado a activar 56.000 casas más. En total, aquel compromiso, pasado el ecuador de la legislatura, está encarrilado al 66%. Pero, la gran incógnita sigue sin despejarse. ¿En cuántas de esas viviendas viven familias?

El término que utilizan desde el Ejecutivo es “movilizar”, un verbo que en la práctica suma las viviendas sobre las que se empieza a trabajar en materia de rehabilitación, las que se comprometen sobre el papel, las que se empiezan a construir y las que se entregan. Y en este último punto es donde el Ministerio de Vivienda va a ciegas, porque en muchas ocasiones cofinancian la promoción o la construcción de viviendas con las comunidades autónomas o los ayuntamientos, que son quienes deben rendir cuentas.

“Las comunidades autónomas poseen de un amplio periodo para finalizar las obras y, posteriormente, justificar al Ministerio la ejecución de los fondos. Son ellas quienes poseen la información en tiempo real y que, motu proprio, no trasladan al Ministerio”. Indican fuentes de este departamento, afanado en “revertir esta situación con el próximo plan estatal de vivienda, que prevé un marco de cogobernanza, información y transparencia en tiempo real”. Estaba previsto que ese plan estuviese listo en diciembre de 2025, pero el Ejecutivo habría preferido alargar ese plazo en pro de la negociación con las comunidades.

Ese gran paquete de viviendas a precio asequible, comprometidas por el presidente Sánchez, se desglosaba en varios bloques. Algunos han funcionado bien en cuanto a movilización de inmuebles, mientras otros han pinchado. “Lo que se ha realizado desde que se creó el Ministerio de Vivienda es reajustar los programas iniciales con el objetivo de movilizar de la manera más rápida posible la oferta de vivienda asequible”, indican fuentes consultadas. Por ejemplo, el Gobierno pretendía activar unas 20.000 casas a través de los planes de recuperación, de las que 14.000 ya estaban en marcha. A día de hoy, ha conseguido activar otras 10.000, superando esa meta inicial.

Otra de las palancas a activar eran los planes estatales. El último correspondía a los años 2022-2025 y suponía la guía en materia de vivienda. En coordinación con ayuntamientos y comunidades, el Gobierno quería activar 14.266 viviendas, de las que 7.217 ya estaban firmadas y conveniadas en abril de 2023. Desde entonces, han movilizado otras 2.942, según datos de Vivienda, que señala que ese plan, dotado con 1.440 millones de euros —en el próximo espera multiplicar los fondos, hasta los 7.000 millones—, se diseñó “conociendo que el Plan de Recuperación destinaría la mayor parte de la inversión a obras de rehabilitación y construcción de vivienda asequible”. Por eso, aclaran, “la mayor parte de los fondos” se destinaron a ayudas y no a construcción.

Al margen de estos planes, están los acuerdos que el Estado central alcanza de manera bilateral con otras administraciones para “impulsar la oferta de vivienda asequible en aquellas zonas más tensionadas”. Se comprometieron 9.849 inmuebles, de los que casi 5.000 ya estaban movilizados. Hoy hay 1.393 más.

Una de las principales patas del plan de las 183.000 era la financiación de 43.000 viviendas de nueva construcción o rehabilitadas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A la vista de los resultados, casi tres años después esta ha sido una de las brechas de aquella estrategia, con tan solo 3.396 viviendas movilizadas, menos de un 8% de lo previsto. “El Gobierno de España acaba de poner en marcha el fondo soberano España Crece para garantizar el incremento de la oferta de vivienda a precio asequible, mejorando esta línea de financiación que el ICO ya tiene en marcha”, indican fuentes ministeriales preguntadas por esta cuestión.

El objetivo es que esta nueva herramienta sirva para impulsar la construcción, a través de 23.000 millones de euros de financiación público-privada con condiciones ventajosas para los promotores de vivienda asequible, como quitas del 30% para este tipo de obras. “La falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”, afirmó Sánchez durante la presentación.

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Desde el sector estiman que “este fondo puede ser un paso positivo para aumentar la financiación”, pero recuerdan que “es necesario considerar que persisten desafíos estructurales que requieren atención para abordar de manera integral el problema de la vivienda”, como señala el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén. En ese sentido, enumera la liberalización del suelo, “que requiere de un proceso más rápido e intenso” y “la necesidad de modificar y simplificar la legislación vigente, de modo que los procedimientos sean más ágiles y seguros para las empresas”. “En este sentido, resulta fundamental y urgente desbloquear la ley del suelo”, señala, sobre una norma atascada por la debilidad parlamentaria del PSOE.

"No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda"

Pablo Pérez

— Portavoz del Sindicato de Inquilinas

Frente al discurso que defiende la necesidad de construir —el Banco de España cifra el déficit en unas 700.000 casas—, otras voces abogan por lo urgente. “No creemos que estemos ante un problema de falta de ladrillo, sino de control y acceso al parque de vivienda”, indica el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Pablo Pérez, que aboga por “invertir esos miles de millones en recuperar las viviendas que, a día de hoy, están en manos de fondos buitre, para ampliar el parque público real de forma permanente y garantizando alquileres asequibles”. “Llevamos años viendo cómo se anuncian miles de viviendas, mientras los precios siguen subiendo y la gente es expulsada de sus barrios. Si estas viviendas terminan en manos de grandes promotoras, fondos de inversión o estructuras público-privadas que garantizan rentabilidades privadas no estamos solucionando nada, sino alimentando el mismo modelo que ha generado la crisis actual”, considera.

En la misma línea, Pérez recuerda que hay “más de 600.000 hogares en todo el Estado que tienen contratos de alquiler que vencen en los próximos meses”. “Para estas personas, el anuncio de viviendas que estarán listas dentro de años no es una solución”, indica el portavoz del Sindicato. Para ellas, Sánchez propuso ampliar la bonificación fiscal para los caseros que no suban los precios y modularla a la baja, sin llegar a suprimirla, para quienes los bajen. Esta medida, que requiere de aprobación parlamentaria, ha sido duramente criticada por todos los grupos a la izquierda del PSOE, incluido Sumar, que defiende la prórroga extraordinaria de los contratos.

“Una política lenta”

“Parece que todo se arregla dando crédito para que se hagan 15.000 viviendas, pero vamos a tardar años en hacerlas”, señala otra voz experta en urbanismo. No en vano, el decalaje entre que se planifica una vivienda y se entregan las llaves puede ser de entre tres y siete años. La propia ministra del ramo admitía que la del fondo soberano es “una política lenta”. “No se puede engañar a la ciudadanía, pero vamos a llegar al objetivo de dotarnos de un parque estatal similar a la media europea, en torno al 9%”, señalaba Isabel Rodríguez en una entrevista en 20 Minutos, publicada este viernes.

En la cuenta de las 183.000 viviendas estaban también 11.000 del Fondo Social de entidades bancarias. Las previsiones en este caso se han mantenido estables, con unas 9.489 casas regularizadas.

Por último, el gran empujón a ese compromiso ha llegado de la mano de Casa 47, la empresa pública a través de la que el Ejecutivo ha vehiculado la absorción de unas 50.000 viviendas de la Sareb, además de la promoción y construcción de casas. En total, desde el Ministerio indican que se han movilizado 68.325 viviendas, cerca de 40.000 en los últimos tres años. Esto supera incluso la previsión inicial de 66.000.

Sin embargo, de nuevo, el hecho de que estén movilizadas no se traduce en que todas vayan a estar puestas a disposición de las familias próximamente. Vivienda incorpora en esa cuenta los alquileres sociales de Sareb, unos 10.000, que no son nuevos, sino que provienen de regularizaciones de personas vulnerables que ya vivían en esas casas. O las 10.700 de la Operación Campamento, en Madrid, donde ya han empezado las obras de demolición. O las 1.400 de terrenos de Defensa en Málaga, a la espera de que el Ayuntamiento apruebe el plan de urbanización. O las decenas de miles de viviendas de la Sareb, que necesitan algún tipo de rehabilitación o adaptación.

Por el momento, Casa 47, que ha recibido una partida de 100 millones de euros para la adquisición directa de inmuebles, tan solo ha sacado una 'convocatoria piloto' con 171 casas ubicadas en Vigo, Mieres y varios municipios de Valencia afectados por la dana. El plazo para presentar las solicitudes finalizó este viernes. La propia directora de la entidad reconocía hace unas semanas, en una entrevista en la Cadena Ser, que la nueva empresa estatal “no va solo de solucionar el problema de la vivienda hoy, sino tratar de evitarlo en el fututo”. De hecho, estimaba que se necesitarán “al menos, cinco años” para paliar el problema.

Al margen de las prometidas 182.000 viviendas, el presidente Sánchez ha ido trufando la legislatura de nuevos anuncios. El pasado mes de abril, el Gobierno comprometió 1.300 millones de euros en una década —de media, 130 millones al año— para impulsar un nuevo Perte de industrialización. Según los cálculos del Ejecutivo, este plan permitirá la construcción de una media de 15.000 viviendas al año en la próxima década y más de 20.000 anuales a partir de 2035. Serían, por tanto, 150.000 viviendas modulares hasta 2035, pero, en este caso, desde el Ministerio se han esforzado en explicar que se trata de un impulso al sector, no vinculado a casas concretas.