El Gobierno acelera para llegar a enero con la nueva financiación y flexibiliza a qué pueden adherirse las comunidades

Hacienda plantea a las comunidades la posibilidad de seguir con el modelo caducado o de incorporarse a una “caja común o compartida” que reparta la recaudación a tiempo real

Hacienda envía a las comunidades el detalle de la nueva financiación y tiende la mano al PP para negociar cambios

El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria para lanzar la nueva financiación autonómica después del verano y este martes se reunirá el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para mascar la letra pequeña que el Ministerio de Hacienda envió el pasado viernes a las comunidades autónomas del régimen común (esto es, sin las forales País Vasco y Navarra). El objetivo: llegar a que el nuevo modelo entre en vigor a 1 de enero de 2027, aunque los trámites parlamentarios y el resto de la burocracia que conlleva después probablemente lo lleve más allá de esa fecha.

El texto de la nueva financiación autonómica, al que ha tenido acceso elDiario.es, diseña un modelo en el que prima la voluntariedad del sistema –las comunidades decidirán no solo si se adhieren al nuevo formato, sino si participan de algunos de los mecanismos puestos en marcha– y que busca cumplir el “compromiso político de proporcionar mayores recursos” a los Gobiernos regionales. En concreto, cerca de 21.000 millones, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda.

Estos recursos adicionales para las comunidades autónomas se traducen en una mayor cesión de impuestos tan relevantes como el IRPF o el IVA; la incorporación oficial al modelo de algunos tributos que ya estaban cedidos (como el de la banca); dos fondos de redistribución horizontal (entre comunidades) y vertical (desde el Estado); así como de fondos creados específicamente para hacer frente a las singularidades territoriales o competenciales, como uno para las regiones más expuestas al cambio climático u otro que recoge el IVA de las pymes en el territorio.

Una financiación a dos velocidades

Pero el modelo de Hacienda contempla una serie de flexibilidades con las que tratar de atraer a todas las comunidades, un propósito que, de momento, parece complicado. De primeras, no será obligatorio aceptar el modelo en vigor y aquellas regiones que lo deseen podrán seguir con el de 2009, el que está en vigor y caducó en 2014. “El cálculo de esta financiación se realizará como si la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se aplicará a todas las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía”, apunta el Ejecutivo en su propuesta. De igual manera, las que acepten el nuevo sistema, recibirán los fondos como si todas las regiones lo hubieran suscrito.

Si aceptan entrar al nuevo sistema, las Comunidades tendrán que indicar también si aceptan adherirse al llamado fondo IVA Pymes, con el que el Gobierno quiere premiar “el esfuerzo” de las regiones que impulsan a las empresas de menor tamaño con la transferencia del impuesto vinculado a su actividad.

Los Ejecutivos regionales también tendrán que especificar si prefieren seguir con el sistema de entregas a cuenta o si prefieren avanzar a una “caja común o compartida en el que los ingresos tributarios lleguen simultáneamente a la administración, estatal o autonómica, que corresponda”, una decisión –al igual que la del IVA de las pymes– que podrá ser revisada cada cinco años.

Relaciones bilaterales en un ámbito multilateral

Y, en el caso del mecanismo creado para financiar competencias no homogéneas de las comunidades, las regiones deberán especificar si prefieren recibir la compensación mediante transferencia, como hasta ahora, o prefiere incrementar la cesión del IVA “que se determinará en el año base [2023] en función del importe actual de estas competencias y, por tanto, será diferente en cada comunidad”, detalla el texto elaborado por Hacienda.

El nuevo sistema que propone el Gobierno “necesita”, dice el documento, de “un mayor espacio para la bilateralidad en la relación de cada comunidad autónoma con la Administración General del Estado”, una bilateralidad –demonizada por el PP– “compatible con la participación en órganos multilaterales cuando la naturaleza o el ámbito de los acuerdos así lo exija”.

La propuesta del Gobierno no aborda específicamente el ‘dumping fiscal’ entre comunidades, las bajadas de impuestos que hacen algunas regiones –singularmente, Madrid– aprovechando su mayor capacidad económica y recaudatorias en detrimento de las que disponen de menor margen. Pero sí apunta a que la propuesta “prevé mejorar la metodología actual para la determinación del valor normativo” de los tributos cedidos “a una medición más correcta de la capacidad fiscal de cada Comunidad Autónoma”. Es decir, cuánto podrían recaudar de Impuestos como el de Patrimonio con la ley en la mano y sin aplicar las deducciones que algunas comunidades todavía aplican. Esta mejora, dice el documento, “redundará en una mayor equidad y justicia de todos los cálculos del modelo”.

El documento incluye un apartado específico sobre “lealtad institucional”, en el que el Gobierno se compromete a compensar a las comunidades autónomas por aquellas “normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones en los ingresos tributarios”. Esta es una crítica frecuente por parte de las comunidades del PP, que, por un lado, exigían rebajas del IVA, pero, por otro, pedían al Gobierno que les compensara por la pérdida recaudatoria asociada. O por la subida de salarios de los funcionarios, una política decidida por el Ejecutivo pero que redunda en las cuentas de todas las administraciones.

Pero también apuntan que, cada cinco años, se revisará el impacto “de las actuaciones legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas” sobre la financiación en el seno del CPFF. Un efecto que se incorporará en la revisión del modelo para los siguientes cinco ejercicios.

El PP y Junts, en contra

Si bien desde Hacienda rebajan el carácter de la reunión de mañana a un encuentro técnico que, con anterioridad, nunca se ha publicitado, las comunidades autónomas acuden con las espadas en alza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachó este lunes el modelo de “profundamente injusto” e “impuesto” por Catalunya. La vicepresidenta andaluza, Carolina España, lo definió como “un traje a medida para el independentismo”. Incluso el Gobierno socialista de Asturias –menos beligerante que el de Castilla-La Mancha– pidió cambios “sustanciales” a la propuesta. Solo el Ejecutivo de Canarias se mostró “muy optimista, pero no excesivamente confiado”.

El Gobierno tiene asegurada la victoria en la votación del CPFF del próximo 29 de julio, ya que cuenta con la mitad de los votos en el organismo y solo necesita del apoyo de una comunidad autónoma. Singularmente, Catalunya, que está a favor y ha participado en el diseño de la propuesta. El Ministerio de Hacienda ha tendido la mano al resto de Ejecutivos regionales, y al PP, para incorporar cambios al texto.

Pero la gran batalla se librará en el Congreso, que sí o sí ha de avalar la reforma y cada una de las leyes que efectúen la cesión de impuestos a cada una de las comunidades autónomas del régimen común. Y aquí Junts, cuyo concurso es necesario, ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad.