La reforma de la PAC enfrenta a Bruselas con los agricultores que se niegan a pagar la factura de la guerra
La Comisión Europea propone recortar un 20% del presupuesto de la PAC para 2028-2034, reduciéndolo de 380.000 a 300.000 millones de euros, destinando esos fondos a defensa, armamento y ayuda a Ucrania. Los agricultores, ya afectados por la eliminación de aranceles a Ucrania, rechazan financiar esta medida militar.
Organizaciones agrarias como ASAJA, COAG y Copa-Cogeca protestaron en Bruselas contra estos recortes. España, tercer beneficiario de la PAC, recibió 7.724 millones anuales (47.700 millones en 2021-2027). El recorte provocará pérdidas millonarias, especialmente en regiones como Castilla y León, que perdería unos 240 millones.
La Comisión justifica el recorte con una simplificación normativa que reduciría la burocracia, ahorrando 1.580 millones anuales a agricultores y 210 millones a administraciones. También se limitarán las subvenciones directas a 100.000 euros anuales por agricultor, buscando una distribución más equitativa (actualmente el 80% de los fondos va al 20% de beneficiarios).
Otro cambio polémico es la fusión parcial de la PAC con los fondos de cohesión. Actualmente, la PAC tiene dos pilares: ayudas directas y desarrollo rural (financiado por el FEADER). Bruselas propone eliminar el segundo pilar e integrarlo en los fondos de cohesión, dejando a cada país decidir cómo repartir el dinero en un único plan nacional.
Los agricultores temen que, al mezclarse con otros fondos, los gobiernos prioricen infraestructuras, digitalización o políticas verdes sobre el campo. Pedro Barato (ASAJA) exige mantener los dos pilares de la PAC, advirtiendo que su fusión con cohesión daría más poder a las autonomías. Luis Cortés (Unión de Uniones) critica que el nuevo marco financiero debilitará la PAC, subordinándola a políticas ambientales y diluyendo sus fondos.

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